Actualidad del Informe / Derecho a la alimentación / Naciones Unidas

[actualitat]: La coalición por el derecho a la alimentación en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas

EL OBJETIVO ES HACER SEGUMIENTO AL INFORME ENVIADO para el 21º EXÁMEN PERIÓDICO UNIVERSAL DE ESPAÑA

04-02-2013humanrights

 

El jueves 4 de diciembre se celebra en Ginebra una reunión entre delegaciones de países y ONG para preparar el próximo Examen Periódico Universal a España, al que deberá someterse en enero de 2015. En la reunión, auspiciada por la organización UPR Info, las ONG informarán a los países responsables de analizar la situación de los derechos humanos en España de la regresión de derechos que se está produciendo en España.

En el marco del Examen Periódico Universal de España (EPU) que se realizará en enero de 2015, una delegación de la Coalición por el Derecho a la Alimentación junto con Institut de Drets Humans de Catalunya asiste a una pre-sesión del EPU en Ginebra (Suiza), con el objetivo de hacer seguimiento al informe enviado el pasado junio.

El EPU es el instrumento de Naciones Unidas encargado de evaluar la situación de derechos humanos en el país a partir de las informaciones aportadas por los gobiernos, por los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos y por la sociedad civil.

El cometido es informar sobre la situación de vulneración al derecho a la alimentación a las representaciones diplomáticas de los países asistentes. El objetivo es que estos países realicen a España preguntas relevantes relacionadas con vulneraciones de derechos humanos que ha detectado la Coalición en sus investigaciones.

Se avanzarán los resultados del Informe sobre el Derecho a la Alimentación en Cataluña, coordinado por Educación para la Acción Crítica (EdPAC) en coalición con el Grupo de Investigación en Derechos Humanos y Sostenibilidad de la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad (Gidhs), Observatori DESC y Entrepobles que se presentará en Barcelona el 10 de diciembre.

El informe, basado en más de 50 entrevistas con representantes institucionales, organizaciones sociales y personas afectadas por la crisis, recoge el especial impacto de la crisis sobre el derecho a una alimentación adecuada.

La crisis financiera y económica se ha utilizado para justificar algunas reformas legislativas y políticas de austeridad, lo que supone para España el incumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos en general y el derecho a una alimentación adecuada, en particular.

El informe reclama la necesidad de un giro a las políticas públicas orientadas a satisfacer las necesidades alimentarias, con el fin que abandonen enfoques asistencialistas y paliativos y aborden las causas estructurales de la malnutrición. Tener acceso a una alimentación saludable y suficiente es un derecho inherente a la dignidad humana que en ningún caso puede ser ignorado por las administraciones públicas que tienen la obligación de garantizarlo.

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